Los desaparecidos de Teoponte
Enviado en Noviembre 11, 2009 a las 11:26 pm por Antonio Peredo Leigue
Entre septiembre y octubre pasados, se rescataron diez cuerpos de los compañeros caídos en Teoponte hace 39 años. Actualmente están en proceso de identificación; en cuanto se los reconozca, serán entregados a sus familiares. Estos diez cadáveres se suman a los que devolvieron a sus familiares poco después de su muerte y a los poquísimos que fueron rescatados, casi clandestinamente, a lo largo de estos años. Faltan, por supuesto, muchos más que seguirán buscando los hombres y mujeres que le han dedicado su tiempo, pero sobre todo su esperanza, a esta tarea.
Hace ya más de diez años, en los últimos meses de 1996, se inició la heroica tarea de buscar los restos de los combatientes de Ñancahuazú. En los últimos meses de su primer gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada, autorizó oficialmente la búsqueda. Hasta entonces, durante los casi treinta años anteriores, esa investigación debió ser oculta, invisible para los ojos de la gente. Las mil y una tretas que hubo de usarse para ese propósito, constituyen un anecdotario que aún no puede revelarse. Aunque luego se usaron técnicas modernas de rastrillaje y búsqueda digital, las versiones recogidas a lo largo de esas investigaciones personales, fueron la clave para encontrar los rastros y llegar hasta los cuerpos, dispersos en una extensa área. Esa tarea duró cinco años y se la concluyó sólo cuando se constató la imposibilidad de encontrar los cuatro o cinco que no pudieron ser habidos.
Por supuesto que la tarea más difícil, fue la de encontrar el lugar en que habían sido enterrados los restos del comandante Ernesto Che Guevara. La ubicación de la fosa común en la que se lo encontró junto a los restos de otros seis compañeros, se produjo el 28 de junio de 1997, setenta y tres días antes de que se cumpliesen 30 años de su asesinato. Lo demás, fue una tarea de llegar hasta los lugares, muchas veces remotos, donde se esperaba encontrar esos cuerpos. Pero hay que remarcarlo: fueron cinco años de trabajos incansables hasta el año 2001.
De la guerrilla de Teoponte, casi no se hablaba. Los nombres de nuestros héroes de aquellas jornadas se anidaban secretamente entre nosotros; había que esperar. Desde agosto de 1997 gobernaba Hugo Banzer Suárez. Había que luchar contra los obstáculos que ponía su gobierno a los trabajos de recuperación en la zona de Ñancahuazú. Sobre Teoponte aún no podía trabajarse.
Pero pasó más tiempo de lo necesario. Recién ahora, en este 2009, comenzó el trabajo serio de investigación en esa extensa zona de Alto Beni, donde se encuentra Teoponte.
Ahora es distinto, pues hay decisión y apoyo oficial para esta tarea. Pero, los compañeros que están realizando los trabajos, se encuentran con una grave dificultad: las tumbas en las que, inicialmente estaban enterrados muchos de los combatientes de esa guerrilla, están vacías. Se hallan evidencias de la permanencia de restos humanos en esos sitios, pero los cuerpos no están. Todo parece indicar que fueron removidos recientemente. ¿Con qué propósito? No lo sabemos, pero podemos intuirlo: el odio contra quienes lucharon por la liberación nacional, se ha realimentado en este proceso que, sin duda, es la forma que adquirió el ideal perseguido por las mujeres y los hombres que lucharon y entregaron sus vidas hace cuatro décadas y más. Ese odio se concreta en un delito muy grave: la desaparición forzada de cadáveres.
Por aquellos años, las dictaduras militares inventaron el peor de los delitos: la desaparición forzada de las personas. ¿En qué consiste este delito? La Convención firmada por la Organización de Estados Americanos lo define así: "Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes". Es más, según sigue diciendo la Convención de la OEA: "Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".
La gravedad de este delito es tal, que ha sido necesario firmar una convención internacional sobre el tema que pide, a los Estados miembros de la OEA, que apliquen las mayores sanciones a quienes lo cometan y tomen los recaudos necesarios para impedirlo en lo sucesivo.
Ahora bien. Los combatientes de Teoponte cayeron en el curso de enfrentamientos armados. Se conoce que, muchos de ellos se rindieron desarmados y fueron asesinados por la tropa al mando de oficiales sin escrúpulos. Además, como se estableció durante estos largos años, contaban con la instrucción verbal de sus superiores para actuar de ese modo criminal.
Si esos asesinatos respondieron a una estrategia de hacer desaparecer cualquier vestigio de los combatientes, para que la impunidad no pueda establecerse, es dable pensar que, aquella orden que data de 1970, sigue teniendo efecto. ¿Quién o quiénes la ejecutan? No es creíble que sean los conscriptos que entonces hicieron el servicio militar o que, de entre ellos, haya subsistido una logia juramentada con tal propósito. Más real parece que, tales prácticas sean de oficiales que, a través de los años, han mantenido ese odio feroz, convertido en crimen. Porque se trata de un segundo crimen inferido a la misma persona.
Resulta estremecedor, pero es necesario desmenuzarlo. Un combatiente se retrasó en la marcha, como producto del cansancio o incluso por el temor de continuar en esa lucha que exigía grandes sacrificios. Sin posibilidades de retorno, se deshacía de todo el armamento que llevaba consigo y comenzaba a bajar hacia la población que sabía más cercana. En su ruta, con toda seguridad, pues la tropa estaba desplegada en todos los caminos y trillos, era detenido. El ex combatiente se rendía, considerando que sería tratado como prisionero de guerra. Casi no tenía tiempo de darse cuenta de que había órdenes precisas de asesinarlo. Allí mismo se le ejecutaba y, allí mismo, se le enterraba.
Durante años, como en el caso de Ñancahuazú, se reunieron datos y había indicios bastante confiables del lugar en que se hallaban sus restos. Algunas búsquedas aisladas, realizadas por los familiares de tal o cual combatiente, debieron ser la primera llamada de atención para esas logias del odio. Fue entonces, o talvez después, que se ordenó esos traslados.
En términos gruesos, ese ha debido ser el proceso. ¿Cómo calificarlo? Como segundo crimen, agravado por el móvil, que es mantener la impunidad, por la alevosía, pues se daña el sentimiento de esas familias que han esperado décadas para reencontrarse con ellos y por la premeditación, ya que responde a un plan concebido, además, por un grupo delictivo.
La búsqueda continuará, una vez pase esta temporada de lluvias. Pero, en tanto, habrá que iniciar una investigación legal que determine dónde llevaron los cuerpos y quiénes son los culpables. A ellos hay que sancionar por un delito que, a no dudarlo, es crimen de lesa humanidad.